Hablar de honorarios arquitectónicos en Paraguay suele generar debate. Algunos creen que son “caros”, otros que son “demasiado bajos”, y entre una cosa y otra, a veces se pierde de vista lo esencial: el valor real del trabajo profesional.
Desde 1983, la Ley N° 1012/83 establece las bases para calcular los honorarios mínimos de los arquitectos. Su objetivo es proteger la profesión y asegurar un marco justo tanto para quienes contratan como para quienes proyectan. Pero más de cuarenta años después, muchos se preguntan: ¿esa ley sigue reflejando la realidad de hoy?
1. Libre acuerdo, pero con reglas claras
La ley parte de una idea simple: el arquitecto y el cliente pueden negociar libremente, siempre dentro del marco legal. Si no hay acuerdo o este no cumple las normas, se aplican los valores de referencia que la ley define. Y si el servicio no está listado, se toma como base otro de características similares.
Es una forma de garantizar que nadie trabaje por debajo de lo justo, y que todos sepan dónde está el punto de partida.
2. Qué servicios contempla y cómo se valoran
La ley clasifica los trabajos arquitectónicos en varias categorías, cada una con su método de cálculo. A modo de resumen, así funciona:
- Consultas profesionales: se valoran según su complejidad, con un mínimo expresado en jornales. Si incluyen planos o documentos, el honorario no puede pasar del 5% del valor del terreno o la obra.
- Avaluaciones, pericias y arbitrajes: van del 1‰ al 5%, dependiendo de si incluyen planos o informes.
- Proyecto completo y dirección de obra: es el corazón del trabajo arquitectónico. Incluye desde los primeros bocetos hasta la supervisión personal en obra, y se calcula según la Tabla 1 del Art. 8, en función del costo total de la construcción.
- Servicios parciales: si el cliente contrata solo una parte del proceso, se aplican porcentajes proporcionales:
- Estudios preliminares: 5%
- Anteproyecto: 15%
- Diseño arquitectónico: 30%
- Dirección de obra: 30%
- Administración de obra: 30% de la escala base. Si el mismo profesional también fiscaliza, baja al 15%.
- Fiscalización: 20% si hay un solo contratista, 30% si hay varios.
- Diseño de interiores, paisajismo y conjuntos urbanísticos: entre el 20% y 60% del valor base, según complejidad.
Todo esto puede sonar técnico, pero en la práctica define cómo se valora el esfuerzo detrás de cada tipo de trabajo.
3. Descuentos por causas sociales
La ley también contempla reducciones cuando se trata de proyectos de interés social o público:
- 50% menos para viviendas sociales menores a 100 m², personas de escasos recursos o veteranos de la Guerra del Chaco.
- 25% menos en obras del Estado o entidades sin fines de lucro.
El espíritu de estos artículos es claro: garantizar el acceso a la arquitectura sin precarizar al profesional.
4. Honorarios adicionales
También se prevé un plus —de hasta un 30% adicional— por modificaciones del cliente, maquetas o estudios extra. Las ampliaciones de proyecto pueden aumentar el honorario en 20%, y las reformas, en 30%. En otras palabras: el trabajo adicional tiene valor, y debe reconocerse.
5. Las críticas desde el ejercicio real
Muchos arquitectos hoy coinciden en algo: la ley quedó desactualizada. Los costos de oficina, software, transporte y personal no existían en 1983 como ahora. Y en la práctica, para poder competir, muchos terminan cobrando menos del mínimo legal.
En redes sociales, foros y hasta TikTok, varios profesionales lo dicen con frustración: la gente no siempre entiende cuánto cuesta realmente hacer arquitectura. Mientras tanto, otros colegas bajan precios sin medir las consecuencias, lo que devalúa toda la profesión y genera una rueda difícil de romper.
El problema no es solo económico, es cultural: se sigue pensando que el arquitecto “solo dibuja planos”. Y eso es quedarse en la superficie de un trabajo que implica análisis técnico, diseño, normativas, coordinación, gestión y mucha responsabilidad.
6. Una reflexión necesaria
La Ley N° 1012/83 sigue siendo un instrumento útil: marca un piso ético y técnico. No impide negociar, pero establece límites razonables que defienden la calidad y la dignidad profesional.
Claro que necesita actualización. La arquitectura cambió, el país cambió, los costos cambiaron. Pero mientras tanto, esta ley sigue siendo una herramienta para argumentar y educar: para recordarnos que el valor del trabajo arquitectónico no se mide solo en metros cuadrados, sino en conocimiento, responsabilidad y tiempo.
Conclusión
El desafío, al final, no es solo legal, es cultural. Tenemos que volver a hablar del valor de la arquitectura con naturalidad, sin miedo a ponerle precio al trabajo bien hecho.
Respetar el arancel no es una cuestión de ego, sino de respeto —hacia uno mismo, hacia los colegas y hacia la calidad de lo que entregamos.
En ArquiFee.py, seguimos creyendo en eso: que la transparencia, la información y la educación son la base para revalorizar nuestra profesión.
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